Esta gestion de gobierno pone en riesgo las Garantias Constitucionales

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Hablamos con Maria del Carmen Verdu, abogada y militante antirrepresiva desde fines de los 80, integrante fundadora de CORREPI (coordinadora contra la represión policial e institucional) acerca de las persecuciones políticas, los cambios en el estatuto de las fuerzas federales mediante el decreto 383 y la nula investigación en el intento de homicidio de Pablo Grillo.

Ante la consulta por todas estas irregularidades respecto al derecho constitucional Maria del Carmen recuenta que se vienen sumando desde los primeros meses de la gestión del gobierno nacional comenzando por el protocolo antipiquetes, ley bases y el DNU 70.

Es una gestión de gobierno que establece un cambio de régimen que permite que las garantías constitucionales estén en riesgo de desaparecer, con la natural afectación a todos los aspectos de nuestras vidas.

Respecto a lo que está sucediendo con el juzgado federal de San Isidro con la detención de militantes del peronismo  Verdú aclara se constituye como una contravención. Ensuciar la vereda y poner un pasacalle “de ninguna manera se puede derivar en una imputación gravísima como atentado al orden constitucional o incitación a cometer actos discriminatorios y de odio por razones políticas”. Por otro lado además de esta extrema decisión decide la fiscalía negar la excarcelación y remitirlas a cárcel de máxima seguridad, siendo que todas las personas involucradas no tienen antecedentes penales, tienen arraigo (ya que todas tienen trabajo por lo que no hay hipótesis de fuga) y además sin tener en cuenta que una de las personas, Alexia Abaigar, tiene una situación de salud delicada con una enfermedad autoinmune que requiere tratamiento permanente. Todas estas irregularidades en el procedimiento constituyen un acto gravísimo de violación a derechos constitucionales.

Con respecto a la pregunta sobre las reformas introducidas en el funcionamiento de la policía federal mediante el decreto 383, Maria del Carmen agrega que se vio modificada la propia definición de la Policía Federal. Cambia la definición que teníamos: “Fuerza civil armada con el objetivo de la protección de personas y bienes particulares o del estado nacional”. Con esta definición era posible protestar y tener recursos legales y efectivos con base legitima en la normativa. Ahora se lo define como: “Fuerza garante de la seguridad nacional”. En estos términos se nombraba a las fuerzas en la famosa “doctrina de la seguridad nacional”, que podemos recordar, efectuada durante la dictadura de Onganía y también durante la última dictadura militar y “no nos fue particularmente bien respecto a las garantías y cuidado de la integridad física, la vida y la libertad de las personas.”

En clave de justicia nacional reflexiona acerca de que la gravedad de esta situación es que todos los recursos que nos permitían a través de las leyes, normas, constitución y tratados internacionales ejercer algún tipo de defensa efectiva, ahora está desapareciendo porque precisamente lo que nos están quitando, además de los derechos son esas garantías. Para Maria del Carmen Verdu «este es un cambio de régimen que pretende ser definitivo y nos va a costar muchísimo tiempo poder volver a recomponer el estado de derecho.»