Qué pasa con las semillas: el decreto del Kichnerismo
por Charly Astorelli
El sábado pasado, gran cantidad de gente asistió a la Plaza Cacique Tulián en una jornada donde más de 48 países y casi 600 ciudades del mundo le dijeron no a la muerte del agronegocio de Monsanto. La movilización mundial venía gestándose desde hace tiempo, pero la semana pasada, una ironía o una provocación dieron un vuelco a la lucha contra el Agronegocio en argentina: el Gobierno Kichnerista decretó para Monsanto la posibilidad de cobrar patente sobre sus semillas.
Mientras la opinión pública en general continúa considerando la muerte y enfermedad por envenenamiento de los argentinos como un daño colateral, el kichnerismo selló la semana pasada con un decreto, una Ley de semillas que fingía discutir en foros desde 2012 para consensuarla. «La ley de semillas se encuentra en discusión desde 2012, y esa discusión no terminó», dicen las organizaciones campesinas de todo el país, y piden un debate urgente que garantice la histórica propiedad común de las semillas, el cultivo y el autosustento. “No A Una Ley De Semillas Por Decreto”, repiten a voces.
En la reunión donde se presentó la firma del decreto, participaron “representantes de acopios, exportadoras, cadenas, semilleros y entidades técnicas y de productores”. Lo que fue presentado por el kichnerismo como un avance en la puja con Monsanto, se hizo en una reunión donde el gran ausente fue Emilio Pérsico, subsecretario de Agricultura Familiar que tiene una estrecha relación con el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). “Este hecho, sumado a que ninguno de los funcionarios presentes habló del tema, pone en duda como afectará esta medida al sector campesino”, resaltaban medios locales por estos días. ¿Por qué el decreto se firma luego de grandes esfuerzos en un debate que aún no había terminado, sobre una Ley de Semillas?
Por qué no terminó la discusión
Desde 2012, cuando se empezó a discutir la posibilidad de una nueva Ley de Semillas, un amplio espectro de organizaciones sociales y políticas advirtió sobre los peligros de una legislación que permita un avance aun mayor de las transnacionales en el agro. En noviembre de 2014 se realizó en el Congreso de la Nación una jornada de debate sobre las “leyes de semillas y modelo productivo en Argentina”. Tamara Perelmuter, integrante de la Campaña “No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina”, dejó claro por qué la oposición al proyecto presentado por el Ejecutivo kichnerista: “la actual ley que se quiere modificar, y que data de 1973, ya privatiza las semillas, pero el anteproyecto actual apunta a una profundización del proceso de privatización”.
El proyecto de ley elimina la figura del uso propio: guardar las semillas, resembrarlas e intercambiarlas libremente. La referente precisaba: “otorga a las empresas el poder de policía a controlar y fiscalizar los campos en el caso de que se presuma que la ley no se cumple”.
Tras conocerse el DNU de la semana pasada, las organizaciones campesinas declararon:
-Exigimos la apertura de un amplio debate público, como el que desde esta Campaña venimos impulsando desde hace años, para que sean los intereses de nuestro pueblo los que se privilegien y no los intereses de las corporaciones.
-NO a los Derechos de Propiedad Intelectual y a la apropiación de las semillas por las corporaciones.
–NO queremos ningún registro de pequeños agricultores exceptuados. El uso propio es un derecho y no un privilegi<o. LIBRE CIRCULACION DE SEMILLAS!!!
-No queremos una industria nacional de semillas transgénicas.
-Fomento a las semillas nativas y criollas!!!! Si a la soberania alimentaria!
-NO queremos los recursos del ESTADO PARA CUIDARLE EL BOLSILLO A LAS SEMILLERAS
-NO A LA LEY O EL DECRETO MONSANTO
Qué modificaciones necesita Monsanto
En agosto de 2012, el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, anunciaba la aprobación de la nueva semilla Intacta RR2 PRO resistente al glifosato fabricada por Monsanto. En esa oportunidad Yauhar también informó que enviarían al Congreso el «borrador de una Ley de Semillas.
Según se podía observar en el documento de lanzamiento de la campaña, el borrador con el que se pretendía cambiar la ley plantea las siguientes modificaciones:
-Limite al ‘uso propio’ de las semillas, al restringir la posibilidad de guardar semillas para futuras cosechas. Solamente podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en el Registro Nacional de Usuarios de Semillas. Si alguien que compró una semilla que tiene derechos de obtentor la quiere volver a guardar, tiene que pagarle regalías a la empresa que tiene ese derecho de obtentor.
-Expandía sobre todas las especies vegetales los derechos de obtentor como forma de propiedad intelectual sobre las semillas, profundizando la ya iniciada privatización de la biodiversidad nativa.
-Extendía hasta los veinte (20) años los derechos de obtentor, y hasta veinticinco (25) años para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales.
-Planteaba el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley, estableciendo tales incumplimientos como delitos penales.
El borrador impulsado incorporaba también otros artículos en relación a la agricultura familiar y los pueblos originarios, que “estarían exceptuados de la limitación del ‘uso propio’ siempre que figuren inscriptos en un Registro Nacional de Agricultores Familiares”. Ahora bien, si las semillas, siempre, pertenecieron a los pueblos, y ahora quieren que se empiece a pagar por alguna de ellas: ¿por qué no se propone un registro de quienes aceptan pagarlas? Mientras la prepotencia mata discusiones y debates, hay quienes todavía pienasn que la propiedad de la Semilla NO es NI PUEDE SER una excepción.
