Mañana declararía Mariela Tulián
La casqui curaca comechigona y vecina de San Marcos Sierras, Mariela Tulián, fue citada a declarar mañana por el Fiscal Martín Bertone. A principios de febrero fue imputada por usurpación de tierras, a raíz de una denuncia de Claudio Dallacosta, que asegura tener los derechos de servidumbre sobre un sector de las tierras donde está la casa de Mariela y su marido, Edgar Altina, que también fue imputado. Llamativamente, esta situación judicial llega luego de que la Comunidad Tulián interviniera fuertemente hace unos días con denuncias para parar una topadora que se aprestaba a trabajar sobre la Reserva Forestal Sierras de Cuniputo.
Mariela y Edgar declararán en el marco de la causa que investiga un supuesto caso de usurpación de tierras. En diálogo con medios provinciales, el fiscal interviniente Martín Bertone admitió que se trata de una causa muy compleja como todas las que involucran casos de usurpación de terrenos, en una región como la de Cruz del Eje donde existen centenares de lotes sin escrituración. A partir de la imputación, tanto Mariela Tulián como Edgar Altina tendrán el derecho de exponer sus puntos de vista sobre la denuncia efectuada en su contra, en una audiencia que tendrá lugar mañana en los Tribunales de Cruz del Eje.
Según Dallacosta Mariela Tullián cerró irregularmente el camino que siempre utilizó sin problemas y eso le impide acceder a su vivienda.
Mariela, en diálogo con medios de prensa, sostuvo -una vez más- que “es necesario que la Justicia se entere de que nuestro territorio está protegido por la Ley Nacional 26.160 y sus prórrogas. La aplicación de esta norma en el territorio de nuestra comunidad fue iniciada en 2009″, refiriéndose así a la norma que declara la “Emergencia en materia de propiedad y posesión de los territorios que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas del país” y que suspende «por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras… ”. “Nada de esto se cumple en este territorio comunitario, vemos con mucho dolor que cada día nuestro territorio es víctima de una nueva agresión”, afirmó Mariela.
Hay que recordar que el Consejo Deliberante de San Marcos Sierras adhirió en 2010 a la declaración de la emergencia, que se prorrogó ya en dos oportunidades. En aquel momento, la ex legisladora provincial e impulsora de la Asociación de Desendientes de Indígenas de Córdoba (ADIC), Graciela Ruiz, envió una carta al consejo deliberante calificando de irracional la adhesión del Consejo local a la Ley nacional 26.160, debido a que según ella, en San Marcos Sierras no hay comechingones «sino descendientes», arrogándose la facultad de determinar la identidad cultural de los originarios de San Marcos. La Comunidad Tulián tiene otorgada desde hace varios años por parte del Instituto Nacionla de Asuntos Indígenas (INAI) la personería jurídica, que reconoce su existencia ancentral como pueblo originario.
Conflicto de larga data
Llamativamente, esta situación judicial llega luego de que la Comunidad Tulián interviniera fuertemente hace unos días con denuncias para parar una topadora que se aprestaba a trabajar sobre la Reserva Forestal Sierras, que la comunidad reclama como territorio ancestral. Luego de dar intervención a la policía, Mariela y otros referentes de la comunidad denunciaron «amenazas de muerte» y debieron pedir protección policial. Sobre la reserva, hay moradores que también reclaman la posesión y que acreditan pago de impuestos desde hace más de 20 años.
La Municipalidad de San Marcos Sierras se niega a intervenir realizando el plan de manejo que manda la declaración de Reserva Forestal desde 2010, pese a que el conflicto es de larga data y pese a que ha intervenido con cartas documento pidiendo que se respeten las normas de construcción, ya que los poseedores actuales vienen loteando y vendiendo. El Municipio local aduce que se trata de una zona gris, ya que está fuera del radio municipal. Sin embargo, sí ha aprobado loteos en zonas similares, fuera del radio, ha dado desde la Secretaría de Ambiente factibilidad para la construcción de cabañas sobre la misma zona de reserva, e incluso la propia secretaria de Ambiente Patricia Ferreyra ha reconocido brindar «asesoramiento privado» también allí, a pesar de que la ley se lo prohíbe por su función pública.
