A través del MAV se vuelve a presentar el proyecto de «ética publica»
El proyecto de ordenanza que presentará el bloque del oficialismo establece “deberes, prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades aplicables” para quienes ejercen la función pública. Comprende a empleados y funcionarios, ya sea del Ejecutivo, Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas “y todo otro Organismo Público Municipal”.
Lo curioso es que manda expresamente cumplir “la normativa vigente en materia de Declaraciones juradas”, a pesar de que los funcionarios del todavía partido gobernante nunca presentaron sus declaraciones juradas de patrimonio.
Se negaron expresamente ante la propuesta de la oposición y a pesar de que los obliga a ley. Otro punto controvertido es que obliga a presentar un certificado del Hospital Aurelio Crespo, que acredite la “no presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales”, dejando afuera otras drogas psicoactivas como el alcohol, que también pueden presentar consumos problemáticos, y cuestionando el uso medicinal y recreativo de sustancias.
🎙️Hablamos con Susana Sampayo, Secretaria de Finanzas de la próxima gestión y Tribuno de Cuentas por el Frente Tay Pichín. La funcionaria contó la propuesta hecha por su espacio, y rechazada del MAV, para presentar las declaraciones juradas de todos los funcionarios en 2020. “Ese año propusimos que todos cumplamos la Ley Nacional 26.857, de Ética en el ejercicio de la función pública: en ese momento, más allá del pedido, pusimos además una hoja con la leyenda de Afip para la declaración jurada de nuestro patrimonio y que sirviera de modelo. Lo enviaron a comisión y dijeron que como no estaba presentada la declaración por un contador de Córdoba, no valía. Pero tampoco propusieron articular con un contador y hacerlo”.
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Es importante aclarar que cualquier contador de Córdoba, que viva en San Marcos o en Cruz del Eje o en cualquier lugar de la provincia, puede firmar como contador, y que la certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia es un trámite simple, que muchas veces se pide en las diligencias contables (por ejemplo la presentación de balances de Personas Jurídicas) y que tiene un costo moderado.
“No voy a entrar en esto”. Pienso que, como leí en las redes sociales, es bronca, es mala leche porque perdieron”, señaló Susana. “En 2020 arecía que a nadie le hacía ruido que los patrimonios de algunos funcionarios crecían. ´Nuestro pedido quedó en la nada, como quedaron en la nada un montón de pedidos de informe, la ley de Paicor que presenté.
Las declaraciones a que obliga la Ley de Ética en la función pública son simples: “Las declaraciones juradas públicas a que se refiere esta ley serán iguales a aquellas que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos”, pero públicas. Y quienes no efectúen las declaraciones ante Afip, “deberán presentar una declaración de contenido equivalente a la del Impuesto a las Ganancias, a la del Impuesto sobre los Bienes Personales”.
Si es legal, consumí
El Código de Ética Pública Municipal será tratado en el Concejo Deliberante por el mismo bloque que se negó a avanzar con las declaraciones juradas de patrimonio obligatorias. El proyecto hace eje en que los funcionarios demuestren que no consumen drogas. Obliga a presentar un certificado del Hospital Aurelio Crespo, que acredite la “no presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales”, dejando afuera otras drogas psicoactivas como el alcohol, que también pueden presentar consumos problemáticos, y cuestionando el uso medicinal y recreativo de sustancias, o quienes tienen el Reprocann (Registro de Productores Cannábicos). Sobre este particular, Susana Sampayo opinó: “¿te podés arruinar la vida con alcohol, ponerte hasta las trancas, pero no consumir una sustancia si es ilegal? Me parece que es algo que no tiene mucho sustento”.
