Paralizan las paritarias para los estatales bonaerenses
Mara Malec, ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, cuya gobernación en ciernes se encuentra bajo las manos del kirchnerista Axel Kicillof, aseguró sin vueltas lo que en los hechos se viene confirmando: el gobierno provincial no tendrá previsto en su agenda reabrir la negociación salarial con los gremios estatales, a la vez que sentenció que “la situación del estado de la provincia es muy compleja”. Las declaraciones recientes se contradicen con las realizadas ni bien había asumido la cartera, cuando señaló que “no vamos a dejar caer el salario como hizo Cambiemos”. Mientras tanto, desde la inacción, los gremios parecen allanar el campo de las determinaciones del gobierno bonaerense. Por Máximo Paz, para ANRed.
Las declaraciones de la ministra sobre el tema salarial, últimamente, fueron en un claro sentido: “Si bien se está dando algún tipo de discusión paritaria, esta se da en un marco donde se sabe que en este momento claramente la prioridad es conservar los puestos de trabajo”. Ese sentido traduce que, a pesar de las promesas, no habrá paritarias para los estatales de la provincia.
Otro ejemplo fueron las que se dieron en el marco de una reunión acordada con la primera línea de la autodenominada “José Ignacio Rucci”, nombre histórico que bautiza a la regional de la jurisdicción La Plata de la Confederación General del Trabajo. La famosa CGT, que escuchó sentada en una gran mesa adornada con café, jugo y masas.
“La situación es muy compleja, la Provincia recién ahora está un poco más desahogada porque ha salido la ley de financiamiento que le va a permitir refinanciar algunas cuestiones y terminar de ejecutar algunos créditos que tenía en materia de obra pública. La prioridad ahora es pagar los sueldos en tiempo y forma y afrontar todos los gastos que demanda la pandemia, además de prestar alguna asistencia al sector privado porque no podemos permitir que la Provincia se caiga. Por ahora estamos acotados a ello”, declaró la funcionaria provincial.
La base por la cual descansa el argumento justificativo de la ministra encuentra su punto de partida el 7 de agosto pasado, cuando a altas horas de la noche la legislatura bonaerense dio sanción a la ley mencionada por Malec, a partir de la cual se autorizó a nuevos endeudamientos por 500 millones de dólares, 28 mil millones de pesos y la ampliación de hasta 8 mil millones de pesos en autorización de Letras. La sanción fue posible por los votos de Juntos por el Cambio que a cambio logró más fondos y obras para las intendencias. Todo ello a caballo de la deuda de 12 mil millones de dólares que Kicillof heredó de María Eugenia Vidal, la ex gobernadora y que espera reducir a poco más de la mitad -negociaciones mediante con los acreedores- aún con el antecedente fallido perpetrado ni bien asumió la gobernación.
Ninguno de esos billetes irá al sueldo estatal en forma de incremento.
Un cuento
La pandemia, por entonces, era un cuento o –al menos- un rumor lejano cuando Mara Ruiz Malec, de 34 años, economista de la UBA y una pieza leal al gobernador emergente por la provincia logró ser promovida como ministra de Trabajo. Fue sobre el verano de diciembre de 2019, cuando el gobierno naciente recién empezaba a acomodarse.
Arriba del escritorio de La Plata se encontró con la herencia de la gestión anterior, amontonada en una pila imposible de expedientes sobre despidos, cierres de fábricas y las pendientes actualizaciones salariales de la plantilla estatal de la provincia más grande del país.
La quiebra enorme proviene desde el fondo de los tiempos. La ex gobernadora María Eugenia Vidal fue la correa de trasmisión de la catástrofe provincial por cuatro años, encajada a los nuevos. Aún así, las ansias de ocupar sillones hizo perder noción de todo abismo mientras los pergaminos Nac & Pop –Malec es, también, integrante de ATE y agente tecnócrata de la fundación Germán Abdala- envalentonaron los ánimos para hacer frente al petardeado mundo popular y obrero bonaerense.
Por ello, la fe henchida en su propio peso llevó a la entonces flamante ministra a declarar algo impensado hoy, a la luz de las afirmaciones recientes sobre el delicado tema de las paritarias para sus trabajadores estatales:
“Los cuatro años anteriores perdimos poder adquisitivo. Hoy estamos en una etapa de reparación de derechos”, argumentó a micrófono abierto.
La frase altisonante chocó con la realidad a partir de la poca empatía volcada hacia los gremios cuando las discusiones por mejoras salariales resultaron ser un hecho concreto. Con los “no” de los trabajadores ante las exiguas cifras, también.
La supuesta luna de miel rompió en divorcio. No pasó el primer mes de gestión y sin que suceda la desgracia de la pandemia, siquiera, cuando el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, resolvió otorgar a los empleados públicos y a los trabajadores de la salud provincial un aumento que consistió en una suma fija remunerativa de 3 mil pesos en marzo y una suma fija remunerativa adicional de mil pesos a cobrar en abril, totalizando 4 mil pesos a cuenta de la pendiente paritaria. Aunque los buenos cálculos dicen que la cuenta real, al restárseles los descuentos, suma los 2.800 pesos.
Ejercicios con aparatos
Tal vez descolocados por lo que significó el desembarco del Covid-19 en la Argentina, los aparatos de los gremios quedaron pedaleando en el aire por meses. Junio despertó sobre una acumulación del descontento social y los gremios estatales Fegeppba, ATE y UPCN olieron la desgracia. Por ello forzaron sus posiciones unificándolas y reclamaron, al fin, su perdida paritaria a través de cartas dirigidas a distintos funcionarios, Ruiz Malec incluida.
Las cartas, según el gremio, tuvieron sus particularidades. En su caso, la generosa escritura de ATE bonaerense encerró, además del pedido de aumento salarial, la equiparación de las horas de bolsillo de aquellos sectores más postergados como los auxiliares de la Educación, Niñez y Patronato de Liberados, entre otros.
A la vez, planteó la necesidad que se avance con el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados, nombramiento de personal en las áreas críticas y avanzar en las mesas técnicas “que permitan construir una carrera administrativa y un convenio colectivo que dignifique y jerarquice la tarea”.
“Es imprescindible habilitar la discusión salarial. El Estado está teniendo un rol estratégico en la lucha contra la pandemia del COVID-19. El Estado tiene que tener cada vez más un rol estratégico en la lucha contra la desigualdad y contra la pobreza. Por esto, los trabajadores del Estado tenemos especial significación”, concluyó la adornada esquela de ATE.
Por su parte, la Federación de Gremios Estatales (Fegeppba) reclamó en su epístola una audiencia con el gobernador Axel Kicillof “de manera urgente”.
No conforme con ello, siguieron escribiendo: “El objetivo es tratar la insostenible situación económica que atraviesan los trabajadores que representamos, quienes han resultado discriminados y postergados, por no poder tener una discusión paritaria salarial durante el primer semestre, habiendo recibido solamente un incremento a través de una suma fija de 4 mil pesos fijada unilateralmente y a cuenta del aumento salarial 2020”. La misiva sindical en cuestión llevó la firma de los dirigentes Julio Castro y Miguel Zubieta.
También UPCN -la fracción estatal liderada por Carlos Quintana- remitió su correspondiente nota: “No desconocemos la situación en la que se encuentra nuestra provincia por la mala administración de la anterior gestión, y debido también a los gastos ocasionados por la actual situación de la pandemia, pero también creemos que los trabajadores son un eslabón fundamental en la recuperación de las instituciones y la economía provincial y merecen el tratamiento urgente de la actualización de sus ingresos”, señaló la carta.
Conforme el resultado a vistas, los esmerados y suplicantes escritos fueron a la papelera de reciclaje de las computadoras oficiales mientras la reunión “urgente” de Castro y Zubieta ni fue urgente, ni fue reunión.
Quemar las cartas para no verte más
La bola de nieve de la deuda en dólares a bonistas extranjeros más el permiso de adquirir nuevos compromisos y pagos es agigantada por la caterva inconmensurable de subsidios al capital bonaerense y su patronal, como las medidas impositivas que lanzó Arba, los planes de pago para las Pymes, los créditos blandos del Bapro o el Fondo de Cultura y Turismo que lanzó el Ministerio de Producción, que tiene que ver con fondos directos para apuntalar a establecimientos del ramo. A caballo de los subsidios nacionales a los capitalistas, desde el Ministerio de Trabajo provincial apareció un programa complementario del ATP, con la idea de llegar a aquellas empresas que no pudieron obtenerlo.
El sólido y caro pulmotor a las empresas sólo sirvió para hacer disimular un poco el estado de la clase trabajadora ajustada, despedida, suspendida y pobre en la complicada zona geográfica bonaerense, dónde una cuarta parte de la población de la Argentina vive en menos del 1% de su territorio.
Sobre ese mapa, un informe de la UCA realizado en mayo, se señaló que en el Gran Buenos aires, con un total de 5.160.000 ocupados, el 9,8% perdió el empleo o se quedó sin trabajo y el 41,6% fue suspendido o debió dejar de trabajar.
Por lo pronto, el poder adquisitivo del salario para los estatales se ha devaluado en más de un 30% durante los cuatro años de gobierno de Vidal. Tal deterioro se mantiene hasta hoy día mientras las cartas del olvido duermen el sueño y con ello hicieron olvidar, también, el reclamo a los gremios que imagine una recomposición salarial.
